Con base en lo que mandata la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro y la ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, Benjamín Vargas Salazar, titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción presentó ante la LIX Legislatura del Estado, el Cuarto Informe de Actividades. Durante la comparecencia ante la Mesa Directiva, se cumplieron las normas sanitarias marcadas por las autoridades de salud e implementadas por el Poder Legislativo
En el periodo que se informa, de marzo de 2020 a febrero de 2021, la Fiscalía Anticorrupción, mantuvo sus actividades de manera ininterrumpida, siempre en atención a las medidas derivadas de la contingencia.
Al tratarse de investigaciones especializadas y en cumplimiento a lo que estipula la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 100 por ciento del personal que integra esta institución, presentó y aprobó sus evaluaciones en materia de control de confianza. Asimismo, el personal sustantivo mantiene vigente su Clave Única de Identificación Personal.
De igual forma, los integrantes del Grupo de Policía Anticorrupción, cuentan con su Certificado Único Policial, de esta manera contribuimos a que Querétaro, sea el único Estado del país en el que el 100 por ciento de sus policías cumplen con su CUP. Con estos resultados la sociedad puede tener la certeza de que el personal de la Fiscalía Especializada es confiable y cumple con su función constitucional.
Nuestro deber con la sociedad es mantener a nuestro personal capacitado y especializado en sus áreas competentes para brindar un servicio de calidad; por ello, hemos forjado alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales. En este sentido, nuestro personal siguió especializándose en temas de Lavado de Dinero y Extinción de Dominio, así como análisis de información criminal, temas impartidos por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Para generar resultados contundentes contra la corrupción, es necesario la innovación y el fortalecimiento en diferentes aspectos, por ello implementamos la operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. La UIPE podrá implementar técnicas especializadas de investigación, fomentar la coordinación de los tres órdenes de gobierno para el intercambio de información, coadyuvar en la prevención del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y celebrar convenios para el cumplimiento de sus fines, entre otros aspectos.
Por primera vez en la procuración de justicia de este Estado, mediante resolución judicial se disolvió una empresa que se involucró en un hecho de corrupción. Asimismo, de manera inédita se investigó el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Además, se aseguró un inmueble por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo valor de la operación fue de 9 millones 500 mil pesos.
Gracias a la confianza ciudadana, se ha mantenido la cultura de la denuncia al iniciar 50 carpetas de investigación, lo que representa un aumento del 10 por ciento más que el periodo anterior. Se judicializaron 14 carpetas de investigación por delitos de corrupción, que implicó que se vinculara a proceso a 28 personas, cifra que representa un 25 por ciento más respecto al año que se informa. De esta cifra de personas, 23 pertenecen al ámbito municipal de la Administración Pública y 5 son particulares que se involucraron en un hecho de corrupción.
Los datos de prueba que la y los Fiscales sustentaron ante los jueces, producto de las investigaciones que llevaron a cabo tanto personal pericial como el Grupo de Policía Anticorrupción, permitió que se ejecutaran 23 órdenes de aprehensión, poniendo a disposición de la autoridad competente a los imputados, quienes con asistencia de sus abogados y en audiencia ante la autoridad judicial conocieron los hechos que se les imputaban.
También, se obtuvo de la autoridad judicial siete fallos condenatorios para igual número de personas, sumando un total de 29 años de prisión y el mismo número en años de inhabilitación para quien cometió un delito de corrupción. Por concepto de reparación del daño se recuperaron 12 millones 47 mil 319 pesos, en algunos casos la recuperación de este numerario regresó a las arcas del erario público.
Los resultados que se informan son producto de un trabajo con enfoque científico y multidisciplinario, elementos indispensables para lograr que las investigaciones tengan sustento probatorio y solidez, por eso las acciones que ha desplegado el Grupo de Policía Anticorrupción son importantes para generar estrategias de investigación. Se llevaron a cabo 474 análisis de información y se realizaron en 418 actos de investigación.
En materia pericial, el área de documentos cuestionados, certificada internacionalmente por la ANAB; atendió 87 intervenciones periciales en materia de Grafoscopía. En el área de Contabilidad, se ha cuantificado el monto de reparación del daño a las víctimas u ofendidos del delito que es exigido a los imputados; en este año procesó 13 mil 245 documentos, que también permitieron acreditar el ilegal beneficio económico para los responsables.
Para finalizar su intervención, el Fiscal Anticorrupción agradeció y reconoció a todas y todos los integrantes de la Fiscalía Especializada, por su trabajo y resultados obtenidos, que han permitido consolidar en el Estado la función de investigación y persecución de los delitos de corrupción.
“En estos cuatro años de trabajo, se ha sentado bases sólidas desde el ámbito penal para un combate decidido a los hechos de corrupción; no bajaremos la guardia, por el contrario, mantenemos firme el cumplimiento a la Constitución: Investigar y perseguir los delitos de corrupción para que el culpable no quede impune”, reafirmó Benjamín Vargas Salazar, Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción.
